Izquierda
Unida continúa denunciando, ante la comunidad educativa y la ciudadanía, las
graves consecuencias de los brutales recortes que el Gobierno de Cospedal, con
el Consejero Marín a la cabeza, están imponiendo en la escuela pública de
Castilla La Mancha. Y
que persiguen el desmantelamiento del modelo educativo público que es el único
que garantiza la igualdad de oportunidades y la cohesión social.
Toledo,
25 de Octubre de 2012
Alejandro
Ávila, coordinador provincial de Izquierda Unida, Agustín Moreno y Natalio
González, miembros del Área Federal de Educación de IU y del Área de Educación
de Castilla La Mancha
de IU, respectivamente, han denunciado, en rueda de prensa celebrada en la
tarde de hoy en la sede provincial de IU, las nefastas consecuencias que
tendrán en la escuela pública los continuos y brutales recortes que el Gobierno
de Cospedal está imponiendo en la enseñanza pública de Castilla-La Mancha , así como las que
resultarán de la imposición contrarreformista que el Ministro Wert pretende
conseguir con la nueva ley educativa.
El coordinador
provincial puso de manifiesto la implacable reducción del presupuesto para
educación en los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha y el objetivo político que persigue: debilitar
y desprestigiar la escuela pública.
Natalio
González, denunció que se trata de un ataque sin precedentes a la escuela
pública y, desde la prepotencia que caracteriza al Gobierno Regional del PP,
que la Consejería
de Educación sigue manteniendo en este curso 2012-2013 las políticas de
desmantelamiento de la escuela pública que ya comenzara en el pasado curso
escolar: aumento de la jornada laboral, recortes salariales, congelación de la
oferta de empleo público de 2012, desaparición
del programa de gratuidad de libros de texto, eliminación de rutas de
transporte escolar y exclusión de parte del alumnado de la gratuidad de este
servicio, supresión del servicio de comedor escolar, eliminación de ayudas al
alumnado de conservatorios superiores o escuelas superiores de música y danza, anulación
del compromiso por ley de invertir en educación el 6% del PIB, drástica de los
gastos de funcionamiento de los centros públicos (más del 40%), supresión de
las plazas de apoyo en los departamentos de orientación, suspensión de la
obligatoriedad de los centros públicos a ofertar las dos modalidades de
bachillerato, modificación de la cobertura de sustituciones por bajas laborales
(tardan un mes y en algunos casos no se cubren), supresión de los apoyos en
Infantil (800 plazas), la eliminación de plazas en Secundaria (351), reducción
de la oferta formativa en los Programas de Cualificación Profesional Inicial, cierre
y desmantelamiento de los Centros rurales agrupados (61), cese de todo el
profesorado interino, aumento del número de alumnos por aula (20%), suspensión de
la paga extra de Navidad, anulación de la jubilación parcial, reducción de
complementos por incapacidad temporal, recorte de 1700 plazas docentes en
Secundaria y de 2220 en Primaria, subida del IVA en el material escolar (21%), supresión
de las becas de comedor y despido de la mitad de los cuidadores, …Por otro
lado, se autoriza la creación de nuevos centros privados concertados con dinero
público.
Estas medidas
dirigidas contra el alumnado y sus familias, contra el profesorado y el
personal no docente, contra los recursos de los centros públicos, contra la
ciudadanía en general, demuestran que este curso escolar está siendo el más
nefasto de los últimos 29 años en Castilla La Mancha , y la evidencia que el Gobierno Regional
del PP, y la gestión del Consejero Marín, no están en la línea de defender y
prestigiar la enseñanza pública en Castilla La Mancha.
Agustín
Moreno desgranó las consecuencias negativas que la contrarreforma educativa del
Ministro Wert acarreará a la escuela
pública. Los cambios, más ideológicos que pedagógicos, van a configurar un
modelo educativo con dos caras: una pública, de carácter
asistencial, para los alumnos y alumnas procedentes de la clase trabajadora;
otra, de carácter privado y elitista, para el alumnado de las familias
privilegiadas: élites políticas, económicas y religiosas. Además, la nueva ley
de educación, articulará un modelo educativo clasista, a través de la
segregación temprana del alumnado, con pruebas externas al sistema que se
aplicarán al alumnado en Primaria, Secundaria y Bachillerato (cinco en total).
Añadió también
que esta contrarreforma persigue un claro objetivo de negocio con la educación:
inversión segura a corto plazo con el trasvase de dinero público a la enseñanza
privada concertada. La que no garantiza ni la igualdad de oportunidades ni la
enseñanza inclusiva.
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