Estimad@s Amig@s:
Castilla-La Mancha vive una situación política de extrema
excepcionalidad. Ha pasado media legislatura del Gobierno de Cospedal y del
Partido Popular en la región, y la huella social es tremenda; miles de
profesores, personal sanitario y trabajadores sociales despedidos, la
continuidad de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía en serio
peligro de continuidad, la economía regional no ha dejado de empeorar en casi
todos sus sectores productivos, sufrimos la mayor tasa de paro de la historia,
especialmente entre la juventud, y tenemos un indecente avance del riesgo de
pobreza y exclusión social.
Los más desfavorecidos, como los parados de larga
duración y dependientes, sufren en mayor grado esta deshumanización de la
acción de gobierno, en el que bajo la excusa de la herencia recibida y la
crisis, estamos asistiendo a un verdadero proceso de involución social y
democrática, y así lo estamos comprobando con cada una de las reformas y
recortes que se han ido tratando de imponer a la sociedad española, y por ende,
de Castilla-La Mancha.
La LOMCE, la reforma laboral, el decreto de Ley de Tasas,
las privatizaciones de Hospitales, los fallidos cierres de los PACs, o las
medidas de repago farmacéutico y sanitario, se han encontrado con un fuerte
rechazo social y ciudadano, además de con serios reparos judiciales, porque la
aplicación práctica de estas medidas puede suponer la imposibilidad real del
acceso de muchos ciudadanos a servicios básicos esenciales, y que afectan
incluso a la naturaleza democrática, como el acceso a la Justicia o la tutela
judicial efectiva, el derecho de reunión y manifestación o el derecho
constitucional a la negociación colectiva de los trabajadores.
A la vez que se ha ido elevando el nivel de rechazo
social a estas medidas, paralelamente se ha producido un mayor acoso gubernativo
a quienes participan del derecho democrático a la protesta. Cientos de
participantes en concentraciones o que mostraban su rechazo a algunos
componentes o decisiones del Gobierno regional o central, han ido recibiendo
denuncias o sanciones administrativas, incluso se ha producido la persecución
de profesionales de la educación por su defensa de la Escuela Pública o el
rechazo a la LOMCE.
Para Izquierda Unida de Castilla-La Mancha hay una
conexión directa de todas éstas medidas y otras que se van a materializar en
breve, como la reforma de la Ley Electoral y del Estatuto de Autonomía, con un
evidente proceso deconstituyente, para acabar imponiendo un nuevo modelo
político profundamente antisocial y antidemocrático, al gusto del dogma
neo-liberal y de los poderes financieros.
El desmantelamiento del Estado Social, Democrático y de
Derecho necesita de un aumento de la represión y presión contra la legítima
protesta social, un sistema de tasas judiciales que impida el derecho a la
defensa de la ciudadanía frente a los abusos de la autoridad, la desregulación
de las relaciones laborales para neutralizar al movimiento sindical, y por último,
una reforma electoral que apuntale al régimen bipartidista, deformando la
voluntad popular para evitar la necesaria y verdadera regeneración política y
democrática que demanda la sociedad.
El PP se escuda en su mayoría absoluta para hacer estas
reformas y recortes, una mayoría que obtuvo en base a un programa electoral que
está incumpliendo, pero sobretodo por una Ley Electoral injusta, ya que con el
43% de los votos ha obtenido el 54% de los escaños, y con una presunta
financiación irregular de su partido y de sus campañas, es decir, pretende hacer una profunda desfiguración del Estado Social,
Democrático y de Derecho, un partido y un Gobierno que usa la mentira y el
engaño como acción cotidiana, que rehúye el control democrático parlamentario,
y sobre todo un partido rehén de su presunta corrupción
interna y que se puede situar en DELITO ELECTORAL.
Con estos mimbres, desde IU Castilla-La
Mancha afirmamos rotundamente que este Gobierno no está en condiciones ni de
legitimidad, ni de legalidad, ni de autoridad moral para seguir ejerciendo sus
funciones, ni para seguir imponiendo sacrificios a la sociedad, ni para
devaluar la democracia, ni desde luego para continuar con la destrucción del
Estado Social, Democrático y de Derecho.
Gracias
a la querella presentada por IU junto a otros grupos sociales y profesionales,
en el llamado “Caso Bárcenas”, se van destapando las tramas y cadenas de
favores, una de las cuales afecta al PP de Castilla-La Mancha, a Cospedal, y a
Vicente Tirado (actual Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha), que
tendrán que dar explicaciones de las manifestaciones vertidas por Bárcenas en
las que les acusa de una clara financiación
ilegal del PP regional.
Es
por estos motivos, por los que desde IU Castilla-La Mancha, consideramos que
estamos en una situación de excepcionalidad política y democrática, y para lo
cual hemos tomado la decisión de promover una gran respuesta social, a la cual
convocamos al resto del tejido social de la región a su colaboración y
participación.
Desde
IU Castilla-La Mancha ya hemos comunicado a la Delegación del Gobierno la
celebración de una concentración en la
Plaza de Zocodover de Toledo, el próximo 31 de julio a las 8 de la tarde,
una protesta contra la corrupción, pidiendo la dimisión de los gobiernos y
elecciones anticipadas para salir de esta situación de excepción democrática.
Pero
también desde IU-CLM somos conscientes de que solos no podemos, y que
tampoco somos los únicos en compartir estos objetivos, y que son muchos los
sectores de la sociedad que participa de esta colectiva indignación, y es
por lo que os trasladamos esta
invitación a participar en una primera respuesta unitaria de la sociedad
regional contra este clima de corrupción y de degradación democrática.
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