La conclusión es que los que realmente gobiernan son los grandes cenáculos financieros, los grupos de presión.
FRANCISCO Palacios 15/11/2011
Vivimos
una situación en que muchos pasan hambre, otros viven al día –en paro– no
sabiendo qué será de ellos dentro de dos meses, otra parte ven descapitalizados
todos sus ahorros familiares y una inmensa multitud está sepultada bajo
hipotecas a cadena perpetua, inmovilizados y aterrados socialmente. Es una
inmensa multitud, víctima de este sistema que los ha violentado socialmente. Sin
embargo, esta clase política dominante que nos gobierna, ha decidido que esto
pasa por “haber vivido por encima de nuestras posibilidades”. Eso dicen. Dicen
que es nuestra maldita culpa: la del parado, del hipotecado perpetuo, del
mileurista, o la culpa del becario perpetuo…
Por
otro lado vemos que hay una minoría que se ha enriquecido obscenamente. Son
empresarios de la construcción que multiplicaron por cien sus patrimonios, son
ejecutivos de cajas de ahorro que las hundieron y cobraron indemnizaciones y
jubilaciones de millones de euros, son especuladores gold-position que
urdieron estrategias piramidales, son multinacionales telefónicas que estafan a
sus clientes con engaños cotidianos, son multinacionales energéticas que pactan
precios al alza con total impunidad, son politiqueros y nobleza malversando
caudales públicos, son bancos que reciben financiación pública mientras
presentan balances de miles de millones de euros de beneficios.
Esta
bipolar situación llevaría a una serie de preguntas sobre víctimas y
verdugos:
¿Tiene
la culpa el trabajador español de que su casa de 70 metros sea la
vivienda-promedio más cara de la Unión Europea y del resto de continentes?
¿Es
culpa de la incompetencia genética del trabajador que la contratación se haya
precarizado hasta dejarla en contrato libre por días?
¿Los
miles de licenciados treintañeros mileuristas han vivido por encima de sus
posibilidades?
¿Tiene
la culpa el jubilado que sus míseras pensiones se vean degradadas por
desproporcionadas subidas al 200% de servicios públicos como luz, agua o IBI, en
menos de una década?
¿Tiene
la culpa el trabajador que estando todavía en plena orgía de beneficios se
bajara su prestación por desempleo e indemnización por despido?
¿Es
el absentismo laboral del obrero el que ha conducido a la posibilidad de
devaluar el convenio colectivo dejando al trabajador a merced del empresario
fullero?
¿El
funcionario cuasi-mileurista o licenciado dos-mileurista, con 20 años de
servicio, debe pagar de su salario la improvisación ignorante del gobierno y el
dictado de otros presidentes extranjeros?
¿El
empresario autónomo es un idiota cuando se ve incapaz de pasar por mil trámites
burocráticos de unas administraciones públicas de obsceno crecimiento
exponencial clientelista?
¿El
pequeño empresario debe sufrir el derroche de las administraciones
públicas-políticas cuando ve postergado sine
die el cobro de sus facturas, hasta el ahogamiento financiero
definitivo?
¿Es
culpable el trabajador de que su jubilación merme al sabotear la tropa
gobernante la caja de la Seguridad Social con prejubilaciones forzadas producto
de masivos procesos de privatización o de EREs sistemáticos en las tres últimas
décadas?
¿Los
cinco millones de parados son culpables por falta de competitividad y pericia de
padecer dicha situación?
¿Es
el ciudadano culpable de que la sanidad pública dilate tratamientos y citas por
meses o años, en lo que es una radical violación del derecho a la integridad
física por parte de todo un modelo de Estado “social” en quiebra?; todo ello
mientras se regalan decenas de millones de euros a grandes empresas del fútbol o
se emplean en macroproyectos para divertimento y lucro de gobernantes y
clientelas.
Al
parecer la clase política mayoritaria PP-PSOE (con acompañamiento coreográfico
de ciu.s, pnv.s o par.s), han decidido que sí, que somos culpables. Que los
trabajadores, los autónomos o los pequeños empresarios son culpables de todo, y
por eso hay que someterlos a un marco legal que les imponga los castigos
mencionados. Porque es bueno recordar algo: la base de este castigo colectivo
son normas aprobadas (o abstenidas) por los partidos mayoritarios que están en
los parlamentos. Sin esas normas no habría ni víctimas míseras ni verdugos
miserables sino otras políticas que generarían otro modelo.
Pero,
claro, los pobres ciudadanos no habíamos caído en que otras normas no son
posibles. Esta clase política –autoproclamada impotente– alega que estas medidas
son inevitables. Es decir, reconoce que no puede hacer otra cosa porque, al
parecer, está maniatada. A merced de “fuerzas” que se le escapan. La conclusión
resulta tragicómica: son esas “fuerzas” las que realmente gobiernan, son los
grandes cenáculos financieros, son los poderosos grupos de presión. Pues bien
señores, reconozcan su impotencia, denuncien, recuperen el viejo concepto de
soberanía e incluso la antigua concepción de dignidad nacional. Y si no
renuncien, que gobierne directamente Wall Street, la Comisión Trilateral o el
Club de Bilderberg. O bien comiencen a abrir los escenarios a la voluntad y
sabiduría de la sociedad civil-popular. En caso contrario confirmaremos todos
los indicios: son cómplices y culpables… miserables.
Francisco
Palacios es profesor de Derecho Constitucional y miembro de
ATTAC.
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